Comunicación para el desarrollo

El impulso del área de la Comunicación para el Desarrollo, especialidad enmarcada dentro de las Ciencias de la Comunicación, surge como necesidad durante el siglo XX, específicamente a finales de la década del 40 de la mano de un organismo que en la actualidad se conoce como la Agencia de los Estados Unidos de América para el Desarrollo Internacional (USAID).


Comprendiendo que las acciones orientadas al desarrollo en los campos de infraestructura, agricultura, salud y educación requerían de un apoyo que permitiera la persuasión educativa para potenciar cambios significativos de conducta tanto en funcionarios como en beneficiarios, se incluyó en cada uno de los departamentos de servicios sociales una oficina dedicada a la información de reforzamiento a los fines del respectivo sector.

En la actualidad, la comunicación para el desarrollo prevalece como uno de los ejes fundamentales al momento de planificar y ejecutar estrategias de desarrollo en una nación, más aún cuando el objetivo es la consecución de logros de políticas las ambientales.

Bajo esta perspectiva la comunicación pública se asume como un plano substancial para la construcción de la realidad, ya que su influencia a largo plazo en el comportamiento de las personas es innegable. Particularmente, la televisión se puede considerar como una herramienta de alto poder para crear o sustentar valores, ideas y comportamientos orientados a apuntalar o debilitar la percepción sobre la conservación ambiental.
De hecho, según datos de CONATEL en Venezuela para el 2009, el medio televisivo cuenta con una posibilidad de penetración alta, puesto que la expansión y dominio de las televisoras de señal abierta alcanza al 95,2% de la población.

De allí que la configuración del imaginario social ya no se basa en la comunicación oral y escrita, sino que se integra, en gran medida, mediante la producción masiva y seriada de la cultura, su comunicación tecnológica y el consumo diferido y segmentado de los bienes y servicios que el mercado ofrece.

Pero ¿qué es el imaginario social? Para De Moraes (2004) es una construcción colectiva, en la cual las familias, los grupos y la sociedad van depositando sus experiencias cotidianas, para conformar una memoria afectivo-social de la cultura, que ejerce la función de prisma de cara a la percepción individual y/o colectiva de la realidad.

Lamentablemente, en relación con la construcción de la percepción ambiental en la sociedad, al presente no hay experiencias comunicacionales orientadas a la concienciación ni al cambio de conducta. Por el contrario, “las prácticas culturales en relación con la naturaleza, lo mismo que las complejas redes simbólicas que se tejen alrededor de ella siguen basándose en una noción fragmentada del ambiente (Rivera; 2004: p.18).
Aun más, los medios desde su posición destacada se dan a la tarea de legitimar un discurso global hegemónico que enmarca el consumo como valor universal. No es casual, por ejemplo, que el incremento en la generación de desechos sólidos sea una de las principales preocupaciones ambientales; cuando en los medios prevalece la cultura fast food, es decir la mezcla de elementos, imágenes y productos, desechables y perecederos.

Queda claro que la estructura del conocimiento esta estrechamente relacionada con la estructura de una sociedad. Esa decir, el conocimiento a cerca de la realidad se organiza y se jerarquiza de acuerdo con un marco referencial en el que determinados elementos conceptuales tienen una posición predominante sirviendo como anclaje para que se articulen otros de segundo orden.

Siendo los medios los que hoy se ocupan de re-crear los estándares de comprensión de la realidad, es imperativo no sólo una revisión de los contenidos que se divulgan y legitiman a través de ellos, sino que se requiere de una política de servicio público orientada, entre otras cosas, a desarrollar la conciencia ambiental en niños, niñas y adolescentes.

Estos planteamientos toman relevancia cuando se esboza la reconfiguración del espacio mediático de una nación, a través de la constitución de un sistema nacional de medios públicos. Donde el Estado abre la posibilidad a la función más relegada de los medios de comunicación de masas: la educación no formal.

La labor educativa que en este contexto se orienta no sólo a la reproducción del conocimiento, sino a la formación de televidentes activos y críticos frente a la dinámica y el devenir social. Contrariamente, en la actualidad las audiencias son espectadores pasivos que asimilan la fragmentación permanente de los mensajes, permitiendo mirar la realidad fragmentada, de allí que realidades virtuales pasan por realidades reales.

Esa capacidad del medio de convertirse en disolvente de la acción social, es la arista que establece la relevancia y pertinencia de reconducir el uso de esos espacios mediáticos, en coherencia con su razón social: ser agente transformador de la sociedad. A lo expuesto, en la actualidad se incorpora una dimensión de interés global-colectivo, como es la conservación ambiental y la concienciación sobre los problemas ambientales producto de los modelos de desarrollo.

La formulación de un plan para gerenciar el desarrollo de una industria de contenidos nacional significa una transformación de la relación de los medios con los públicos-audiencia; convirtiendo a los medios en una herramienta al servicio de los ámbitos educativos y científicos; asumiendo dicha actividad industrial como un elemento de valor intangible, que pone de manifiesto representaciones sociales, económicas e ideológicas relacionadas con el modelo de desarrollo adelantado en el país.

Permitiéndole a los estados proponer y abrir el debate sobre la construcción de una nueva ética, desde la dimensión ambiental, para ser ejecutada mediante las herramientas de la comunicación pública, en función de establecer canales de consenso semántico y conceptual acordes con la población venezolana.

Finalmente, la constitución de unidades de producción de contenidos nacionales orientadas a la conservación ambiental, reafirmaría la imagen y la función de los medios del Estado, en tanto medios con vocación de servicio público. Bajo estos parámetros la comunicación de masas atiende a los intereses colectivos de bienestar social en el marco del desarrollo sustentable.

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